Julio ha sido un mes movidito en cuanto noticias políticas en España. Por un lado tenemos el desarrollo del nuevo Gobierno, que sin duda está dando de que hablar por su política de primero hablar y luego hacer. También está siendo polémico Puigdemont, al que se le ha retirado la Euroorden y vaga por Europa mintiendo; y como último dato, la ministra de ministra de industria ha matado el diésel.
En un contexto en el que los vehículos diésel estaban siendo muy criticado por las emisiones, esta noticia no nos pilla de nuevas, pero sí que es sorprendente que se haya hecho tan rápido, ya que abolir el diésel no es algo que sea sencillo, ya que recordemos que la mayoría de los vehículos agrícolas e industriales tienen motor diésel. Además, las palabras de la ministra ha sido contundentes, en gran parte debido a los prejuicios que se crearon desde la época del dieselgate hace ya unos años atrás.
Esta política tiene como objetivo reducir las emisiones de gases a la atmósfera. Los coches diésel han sido muy famosos porque el carburante tenía ciertas ayudas que lo hacían más barato, aunque el coste de adquisición fuera mayor con respecto a un vehículo con motor a gasolina.
El acoso al diésel va a perjudicar, en primer lugar, a propietarios de vehículos con esta tecnología, cuyo valor en el mercado de ocasión va a descender dramáticamente. En segundo lugar, a la industria, capaz de cambiar la producción de motores diésel a gasolina con rapidez pero también con inversiones no previstas que habrá que amortizar. Las empresas de logística, en pleno boom de las ventas por internet gracias al éxito de Amazon, que utilizan vehículos diésel para su reparto urbano. Y en último lugar, sale dañada la credibilidad de un país al que los inversores le piden, sobre todo, estabilidad en sus normas.
Pero eliminar los vehículos a motor diésel del mercado no es una tarea sencilla como parece hacer ver la ministra, ya que para cumplir con los porcentajes de reducción de gases que impone Europa hacen falta un porcentaje de matriculaciones de vehículos diésel, cuyas emisiones son entre un diez y un quince por ciento que las de uno de gasolina.
Cómo afecta esto a los ciudadanos y empresas
Pues bien, es importante destacar que en ningún momento se ha hablado de una prohibición taxativa de uso de estos vehículos, sino de irlos retirando de la circulación. Tampoco se ha especificado una fecha, como sí han planteado otros países, aunque muy lejana. Las únicas restricciones operativas en este momento son las que están fijando ayuntamientos como el de Madrid y en las que influye la antigüedad del vehículo o su catalogación ambiental.
Si te acabas de comprar un vehículo nuevo con motor diésel, es demasiado pronto para saber cómo afectará la norma. Pero lo que es cierto es que aunque se trate del diésel más limpio entre todos los diésel, desde ayer su valor de mercado se ha reducido de cara a su venta como usado. Y el residual, en el caso de los vehículos de flotas, donde la penetración del diésel roza el 60%. Y si suben los impuestos al uso y los carburantes, al tratarse de una imposición indirecta, lo sufrirá igual que el resto.
Esto es un verdadero problema para las empresas de transporte, ya que la devaluación de los precios va a crear pérdidas contables, que tendremos que ver si se repercuten a los clientes. Este tipo de empresas utilizan en la mayoría de sus vehículos motores diésel debido al menor precio del carburante, y actualmente con la subida que se prevé de entre diez y quince céntimos por litro, hará más difícil la búsqueda de precios competitivos.
En este sentido destacamos una de las empresas de transportes más profesionales del mercado TransThalia, una empresa dedicada exclusivamente al transporte internacional de vehículos de importación, que dispone de una flota de camiones porta coches propia con la que realizan rutas semanales de transporte de coches y motos por carretera a países del centro de Europa
En conclusión, la prohibición del Diésel da tintas de ser un movimiento político que no se ha materializado en calendarios o hojas de actuación que faciliten a las empresas y a los ciudadanos información para conocer las posibles pérdidas que se pueden generar por este cambio.
