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El boletín de marzo de 2008 del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) presenta un análisis de las ventajas e inconvenientes de la nueva revolución de los biocombustibles, sobre todo en los países en desarrollo. Debido a la fuerte alza de los precios de los combustibles fósiles en todo el mundo y a la amenaza ambiental que representa el cambio climático, los países en desarrollo contemplan el sector de biocombustibles como solución para (1) garantizar la seguridad del suministro energético y (2) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático. Los biocombustibles también podrían ser (3) «nuevas fuentes de riqueza», dado que estos países tienen abundancia de cultivos bioenergéticos. Sin embargo, estas ventajas también van acompañadas de inconvenientes que requieren cautela y una correcta gestión de la política de desarrollo bioenergético. Los efectos negativos que podrían tener los biocombustibles para la agricultura y la seguridad del suministro de alimentos, para la lucha contra la pobreza y para la sostenibilidad del medio ambiente suscitan preguntas y dudas: ¿Se beneficiarán las comunidades rurales pobres de la revolución de los biocombustibles? ¿Se destruirán bosques con gran riqueza de biodiversidad por las plantaciones de cultivos bioenergéticos de gran escala? ¿Subirán los precios de alimentos como el maíz a consecuencia de la elevada demanda de estos cultivos para la producción de biocombustibles? Para responder a estas preguntas, el CGIAR ha constituido la «Plataforma Bioenergética de la Alianza de Centros CGIAR» Esta alianza se unirá a iniciativas de cooperación para la investigación a fin de velar por que los países en desarrollo se beneficien de la revolución de los biocombustibles. Las nuevas soluciones parecen basarse en (1) el desarrollo de cultivos bioenergéticos «alternativos» capaces de prosperar en tierras de secano y marginales, con escasez de agua o insumos agrícolas, y (2) la puesta en marcha de iniciativas innovadoras de asociación entre el sector público y el privado, que incorporen los resultados obtenidos de las investigaciones a proyectos económicos productivos que beneficien a los agricultores del medio rural.